“Fifteen years since the first Anti-Money Laundering (AML)/Countering the Financing of Terrorism (CFT) Law in the Holy See and the Vatican City State-Developments and Perspectives” es el tema del congreso internacional celebrado en la sala The Dome de la Universidad Luiss de Roma y organizado por la Autoridad de Supervisión e Información Financiera (ASIF), la mañana del martes 29 de septiembre.
Tras las palabras de bienvenida del profesor Paolo Boccardelli, Rector de la Luiss, monseñor Anthony Ekpo, Asesor para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado y Presidente del Comité de Seguridad Financiera de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano, subrayó la necesidad no solo de celebrar los progresos realizados, sino también de someterlos nuevamente a un atento examen.
Monseñor Ekpo recordó que, tras la promulgación de la Ley n.º CXXVII, de 30 de diciembre de 2010, que introdujo en el Estado de la Ciudad del Vaticano el primer marco orgánico para la prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, cuya aplicación fue posteriormente extendida por Benedicto XVI a las instituciones correspondientes de la Santa Sede, las sucesivas reformas reforzaron la prevención, la supervisión, la inteligencia financiera, la coordinación y la cooperación internacional.
Durante su intervención, el Presidente del Comité de Seguridad Financiera recordó que el Papa Francisco, al recibir al Comité de expertos del Consejo de Europa (Moneyval), el 8 de octubre de 2020, hizo referencia a un principio de la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, “¡El dinero debe servir y no gobernar!” (58).
El congreso internacional se articuló en cinco sesiones, con la participación de representantes del mundo académico y judicial y de diversas instituciones. Entre ellos se encontraban Federico Antellini Russo, Director de la ASIF; monseñor Brian Edwin Ferme, Secretario del Consejo para la Economía; Roberto Zannotti, Promotor de Justicia Adjunto del Estado de la Ciudad del Vaticano; Alistair Chad Dutton, Secretario General de Caritas Internationalis; Nicola Muccioli, Presidente del Comité Moneyval del Consejo de Europa; Paola Severino, Presidenta de la Luiss School of Law; y Anita Titomanlio, responsable del área jurídica de la ASIF.
Las conclusiones estuvieron a cargo de la Presidenta de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, Sor Raffaella Petrini. Durante su intervención subrayó que “las medidas adoptadas para preservar el ordenamiento jurídico específico del Vaticano, armonizando al mismo tiempo su derecho interno con la legislación internacional, demuestran la visión de futuro de los Sumos Pontífices”. En particular, proporcionan “instrumentos prácticos para prevenir y combatir la ilegalidad, proteger las estructuras económicas y financieras y, de este modo, contribuir a la paz internacional y a un orden social justo”.
Por otra parte, este enfoque es coherente con la Doctrina Social de la Iglesia, que exige que “los mecanismos económicos, financieros y comerciales estén sometidos a un serio control ético y técnico”.
La Presidenta recordó asimismo lo reiterado por el Papa León XIV en Magnifica Humanitas, la justicia “abarca todas las fases de la actividad económica, incluida la obtención de recursos y financiación. Solo una actividad económica asentada sobre sólidas bases antropológicas y morales puede responder verdaderamente a las necesidades primarias y favorecer el desarrollo humano”.
